La prevención del incumplimiento normativo se ha convertido en un activo fundamental para las empresas, que garantiza no solo su inmunidad frente a potenciales sanciones, sino también la mejora de su posición competitiva y de su reputación social.

 1. ¿Qué riesgos debemos prevenir?

Desde la reforma del Código Penal, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, las personas jurídicas también están sujetas a responsabilidad penal, por una doble vía:

  • En caso dedelitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales y administradores.
  • Por los delitos cometidos por trabajadores, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control.

La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas ha añadido un elemento adicional a los riesgos y contingencias que las empresas deben prever: se exige establecer y reforzar las políticas de control interno, para evitar las potenciales conductas delictivas.

2. ¿Cuáles son las conductas punibles?

La extensa lista de 37 delitos previstos en el CP, incluye todos aquellos ilícitos en los que las personas jurídicas podrían verse implicadas, tanto por comportamientos dolosos o voluntarios, como por imprudencia culpable.

Estos son los delitos cometidos con mayor frecuencia por las personas jurídicas:

  • Descubrimiento y revelación de secretos.
  • Estafa.
  • Insolvencias punibles.
  • Delitos informáticos.
  • Corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
  • Delitos fiscalesy contra la Seguridad Social.
  • Fraude tributario y de subvenciones
  • Delitos urbanísticos y medioambientales.
  • Delitos contra los trabajadores.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores.
  • Falsificaciones y contrabando.
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial y mercado.
  • Financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Blanqueo de capitales.

3. ¿Qué nos jugamos?

Las consecuencias sancionatorias que acarrea la responsabilidad penal de las personas jurídicaspueden llegar a ser muy graves(art. 33.7 CP):

  • Multas económicas de hasta 10 veces el supuesto beneficio obtenido.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.
  • Clausura de locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años.
  • Prohibición temporal (hasta 15 años) o definitiva, de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo de hasta 15 años.
  • Intervención judicial por un periodo de hasta 15 años.

A estos perjuicios sancionatorios, se suman otros importantes daños colaterales:

  • Responsabilidad civil de administradores y directivos.
  • Imposibilidad material de obtener financiación ajena.
  • Pérdida de confianza de proveedores y clientes.
  • Desprestigio del nombre comercial.
  • Desmoralización de la plantilla.

4. ¿Cómo protegernos?: los sistemas de prevención (compliance)

Para evitar una imputación por cargos delictivos, o bien lograr la atenuación o absolución, las empresas deberán probar la existencia de un estricto sistema de control interno:

  • Haber implantado un sistema de detección y prevención de delitos.
  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos, estableciendo protocolos de decisiones y de ejecución.
  • Asignando los recursos financieros adecuados para impedir cualquier conducta potencialmente delictiva.
  • Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención (canal de reportes)
  • Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

5. Podemos ayudarle:

Desde Área Consulting 360º, acompañamos a las empresas a lo largo de todo el proceso de cumplimiento normativo:

  • Diagnóstico inicial, que identifica los riesgos legales de la Compañía.
  • DueDiligence en procesos de fusión y adquisición, concursales, cambios en accionariado o Consejo de Administración…
  • Implantación de un Sistema de Cumplimiento Normativo en la empresa: ComplianceProgram
  • Implantación de Sistemas de Compliance Tributario (TaxCompliance), Protección de Datos y de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Adaptación a las certificaciones de Compliance (UNEs 19601 y 19602)
  • Revisión y auditoría de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Asistencia al ComplianceOfficer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de Compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Formación de los órganos y directivos responsables de Compliance.
  • Asistencia jurídica en procedimientos judiciales o admtivos. que puedan iniciarse.
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