La prevención del incumplimiento normativo se ha convertido en un activo fundamental para las empresas, que garantiza no solo su inmunidad frente a potenciales sanciones, sino también la mejora de su posición competitiva y de su reputación social.

 1. ¿Qué riesgos debemos prevenir?

Desde la reforma del Código Penal, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, las personas jurídicas también están sujetas a responsabilidad penal, por una doble vía:

  • En caso dedelitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales y administradores.
  • Por los delitos cometidos por trabajadores, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos el debido control.

La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas ha añadido un elemento adicional a los riesgos y contingencias que las empresas deben prever: se exige establecer y reforzar las políticas de control interno, para evitar las potenciales conductas delictivas.

2. ¿Cuáles son las conductas punibles?

La extensa lista de 37 delitos previstos en el CP, incluye todos aquellos ilícitos en los que las personas jurídicas podrían verse implicadas, tanto por comportamientos dolosos o voluntarios, como por imprudencia culpable.

Estos son los delitos cometidos con mayor frecuencia por las personas jurídicas:

  • Descubrimiento y revelación de secretos.
  • Estafa.
  • Insolvencias punibles.
  • Delitos informáticos.
  • Corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
  • Delitos fiscalesy contra la Seguridad Social.
  • Fraude tributario y de subvenciones
  • Delitos urbanísticos y medioambientales.
  • Delitos contra los trabajadores.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores.
  • Falsificaciones y contrabando.
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial y mercado.
  • Financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Blanqueo de capitales.

3. ¿Qué nos jugamos?

Las consecuencias sancionatorias que acarrea la responsabilidad penal de las personas jurídicaspueden llegar a ser muy graves(art. 33.7 CP):

  • Multas económicas de hasta 10 veces el supuesto beneficio obtenido.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.
  • Clausura de locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años.
  • Prohibición temporal (hasta 15 años) o definitiva, de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo de hasta 15 años.
  • Intervención judicial por un periodo de hasta 15 años.

A estos perjuicios sancionatorios, se suman otros importantes daños colaterales:

  • Responsabilidad civil de administradores y directivos.
  • Imposibilidad material de obtener financiación ajena.
  • Pérdida de confianza de proveedores y clientes.
  • Desprestigio del nombre comercial.
  • Desmoralización de la plantilla.

4. ¿Cómo protegernos?: los sistemas de prevención (compliance)

Para evitar una imputación por cargos delictivos, o bien lograr la atenuación o absolución, las empresas deberán probar la existencia de un estricto sistema de control interno:

  • Haber implantado un sistema de detección y prevención de delitos.
  • Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos, estableciendo protocolos de decisiones y de ejecución.
  • Asignando los recursos financieros adecuados para impedir cualquier conducta potencialmente delictiva.
  • Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención (canal de reportes)
  • Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

5. Podemos ayudarle:

Desde Área Consulting 360º, acompañamos a las empresas a lo largo de todo el proceso de cumplimiento normativo:

  • Diagnóstico inicial, que identifica los riesgos legales de la Compañía.
  • DueDiligence en procesos de fusión y adquisición, concursales, cambios en accionariado o Consejo de Administración…
  • Implantación de un Sistema de Cumplimiento Normativo en la empresa: ComplianceProgram
  • Implantación de Sistemas de Compliance Tributario (TaxCompliance), Protección de Datos y de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Adaptación a las certificaciones de Compliance (UNEs 19601 y 19602)
  • Revisión y auditoría de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Asistencia al ComplianceOfficer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de Compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Formación de los órganos y directivos responsables de Compliance.
  • Asistencia jurídica en procedimientos judiciales o admtivos. que puedan iniciarse.

La reciente paralización de la economía, a causa del COVID-19, está obligando a las empresas a afrontar riesgos diversos e inesperados:

  • riesgos estratégicos y de negocio
  • riesgos normativos
  • riesgos operacionales
  • otros riesgos aún por descubrir

Un factor agravado de esta crisis, respecto a las anteriores, es que estos riesgos se han presentado de manera simultánea, además de repentina. Lo cual fuerza a gestionarlos accionando varias “palancas” a la vez, así como moverse en diferentes profundidades y plazos.

Por otro lado, es muy probable que este terremoto sanitario y económico se prolongue con sucesivas “réplicas” durante los próximos meses. Lo cual incrementa la incertidumbre, obligando a reforzar y extender en el tiempo las medidas de prevención.

En el caso de las Pymes, esta carencia se agrava por la dificultad de acceder a un asesoramiento específico: en general, las empresas no cuentan internamente con el personal necesario, mientras que las gestorías y asesorías están volcadas en la ejecución, más que en la estrategia y la prevención.

Por último, las empresas son conscientes de que las decisiones empresariales no pueden basarse en las soluciones que eran válidas antes de la pandemia. Por el contrario, la toma de decisiones debe ser guiada por un entendimiento de lo que sabemos hoy, combinado con una anticipación sobre cómo el mañana nos fuerza a cambiar nuestro presente.

¿Cómo pueden las empresas afrontar esta situación de incertidumbre?

Retos planteados por la crisis del COVID-19

Los retos a afrontar por las empresas pueden clasificarse, según su impacto temporal, en dos diferentes escalas:

1. Riesgos a corto plazo:

La paralización de la economía está forzando a las empresas a afrontar múltiples dificultades operativas. Entre otras:

  • retraso o interrupción del suministro de materias primas
  • cambios en la demanda de los clientes
  • incremento de los costes
  • tensiones de tesorería
  • reducciones logísticas que provocan retrasos en entregas
  • protección de la salud y la seguridad de los empleados
  • insuficiencia de mano de obra
  • dificultades con el comercio de importación y exportación

Estos riesgos operativos necesitarán ser gestionados mediante un Plan de Emergencia (a implementar y ejecutar con nuestra ayuda)

2. Riesgos a medio y largo plazo:

Además de sortear estas dificultades operativas, las empresas deberán afrontar una completa reevaluación de sus riesgos estratégicos y normativos, con el objetivo de anticiparse a las nuevas amenazas generadas por los efectos de la pandemia:

  • Riesgos estratégicos: modelo de negocio, canales, marketing, Recursos Humanos, clientes, tecnología…
  • Riesgos normativos: cumplimiento de la nueva y numerosa normativa societaria, sanitaria, laboral, fiscal, etc.

Estos riesgos tendrán como referencia un Plan de Resiliencia y Continuidad del Negocio (a impulsar con nuestro asesoramiento)

1. Plan de Emergencia anti-COVID19

Para hacer frente con garantías a las dificultades operativas (corto plazo) proponemos a las empresas implementar, con nuestra ayuda, un Plan de Emergencia basado en las siguientes medidas:

  • Análisis de daños, que identifique los recursos y áreas afectadas.
  • Establecer equipos para la toma de decisiones de emergencia.
  • Evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta.
  • Establecer un canal de comunicación que distribuya información positiva para empleados, clientes y proveedores.
  • Mantener el bienestar físico y mental de los empleados.
  • Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro.
  • Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes.
  • Elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad.
  • Posibilidad de ajustar sus presupuestos y planes de ejecución.
  • Actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa.
  • Impulsar y/o mejorar las medidas de teletrabajo.

2. Plan de Resiliencia y Continuidad del negocio

La resiliencia es la capacidad de una organización para anticiparse, responder y adaptarse al cambio incremental y a las interrupciones repentinas, para conseguir sobrevivir y prosperar.

La resiliencia persigue dos objetivos principales: defensivo (evitar que sucedan cosas malas) y progresivo (hacer que sucedan cosas buenas), lo cual requiere combinar dos enfoques:

  • Protección de valor: aspectos que potencien la consistencia frente a las amenazas.
  • Creación de valor: aspectos que se basan en mejorar la flexibilidad, para aprovechar las oportunidades.

Por tanto, un compromiso de mejorar la resiliencia frente a los cambios contribuye a los siguientes objetivos empresariales:

  • una capacidad mejorada para anticipar y abordar riesgos y vulnerabilidades;
  • mayor coordinación e integración de la gestión, para mejorar la coherencia y el desempeño;
  • una mayor comprensión de las partes interesadas, y de las “palancas” de actividad que respaldan las metas y objetivos estratégicos.

Consecuentemente, las medidas para mejorar la Resiliencia y asegurar la Continuidad del Negocio se integrarán en un Plan detallado, basado en estas tres áreas de actuación:

1º. Revisión de la Estrategia de negocio:

  • ¿Cuál es mi Oferta al mercado? ¿Tiene sentido en esta situación? ¿Sigue siendo valorado mi producto/servicio?
  • ¿Cuál es mi Público Objetivo? ¿Debo cambiarlo?
  • ¿Cuál es el modelo de Distribución? ¿Debo mantenerlo o modificarlo?
  • ¿Cómo me comunico con el mercado? ¿Son válidos los actuales canales, o debería cambiar a un modelo más digital?
  • ¿Cómo desarrollo mi Gestión Comercial? ¿Está alineada con la situación actual o debo pasar a modelos de venta online?
  • Los Planes y Presupuestos Anuales: ¿Tienen sentido ahora? ¿Hay que reconfigurarlos?
  • Gestión financiera: ¿Cómo asegurar la liquidez y aprovechar las oportunidades de financiación?

2º. Reevaluación de riesgos:

  • Identificar actividades de riesgo no identificadas previamente.
  • Clasificar y catalogar esos riesgos.
  • Recalcular algunos de esos impactos sobre el negocio.
  • Tomar las medidas adecuadas, en base al resultado del riesgo residual y los recursos del área.

3º. Prevención del impacto normativo y contractual:

  • Mejoras en la Gobernanza, gestión de riesgos y prevención del incumplimiento.
  • Responsabilidades laborales (nuevas normas, ERTEs, etc.)
  • Responsabilidades mercantiles y civiles, en caso de un posible incumplimiento contractual.
  • Interrupción del servicio a clientes, y responsabilidades.
  • Interrupción del servicio o exigencia de responsabilidades a proveedores.
  • Contratación de alternativas ante caídas de servicio.
  • Actuaciones ante autoridades de control, y normativa COVID-19
  • Revisión del estado actual de nuestros seguros contratados.

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